Causales de liquidación de una institución financiera.

Publicado el 9 agosto, 2011 por derechoanalisis

 

Haciendo una pequeña introducción
a esta investigación podemos decir que la seguridad financiera tiene cuatro
pilares fundamentales para la correcta organización y control en este ámbito,
estos son:

  • Buena supervisión
  • Fondo de liquidez
  • Banquero de ultima instancia
  • Buena resolución Bancaria

En este caso nos enfocaremos
solo en dos pilares, la buena supervisión
y la buena resolución bancaria,
la buena supervisión hace que el Estado regule y brinde vigilancia y control
con una buena administración y supervivencia como nos dice el artículo 180
literal b:

El
Superintendente de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, tiene las
siguientes funciones y atribuciones:

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento de las instituciones sujetas a su control y, en general, que
cumplan las normas que rigen su funcionamiento;

Mientras que la buena resolución bancaria busca
afrontar los problemas financieros y administrativos con técnica, prudencia y
equidad, que ofrece un programa de vigilancia preventiva, que al darse cuenta
que se esta obrando incorrectamente en algún aspecto por la institución
financiera se dictan acciones correctivas si están no se cumplen al cabo de 12
meses y se cumplen algunas de las causales del articulo  148 de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero se procede con la liquidación de la institución financiera.

Causales
de liquidación de una Institución Financiera (Art 148)

La Superintendencia mediante resolución aprobada por
la Junta Bancaria, podrá declarar la liquidación forzosa de una institución del
sistema financiero, designando a uno o más liquidadores, cuando se cumpla una o
más de las siguientes causas:

1. No pagar cuales quiera de sus obligaciones,
especialmente con los depositantes o en la cámara de compensación;

2.  No ajustar
totalmente sus actividades a los programas de vigilancia preventiva o de
regularización establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la
órbita de su competencia; o no cubrir las deficiencias de patrimonio técnico o
los niveles mínimos de capital en los plazos establecidos; o no efectuar las
remociones impartidas por la Superintendencia;

3. No realizar las operaciones que le son propias de
acuerdo a su naturaleza jurídica durante un período de por lo menos seis meses;

4. Las previstas en el artículo 149 de esta ley, este
artículo nos dice:

Si a una institución controlada por la
Superintendencia que hubiese cometido infracciones a esta ley o se le hubiese
impuesto multas reiteradas, se mostrase reticente para cumplir las órdenes
impartidas por la Superintendencia, adulterase o distorsionase sus estados
financieros, obstaculizase la supervisión, realizase operaciones que fomenten o
comporten actos ilícitos o hubiese ejecutado cualquier hecho grave que haga
temer por su estabilidad, la Superintendencia, por resolución, removerá a los
miembros del Directorio y al representante legal y requerirá inmediatamente al
órgano competente para que realice la o las designaciones que fuesen del caso.

Si en el término de tres días no se convoca al organismo
competente para la designación de los funcionarios removidos, la
Superintendencia procederá a convocarlo.

Si transcurrido un plazo de treinta días contados
desde la fecha en que la Superintendencia dispuso las referidas remociones, la
institución controlada no hubiese modificado sus procedimientos, dispondrá su
liquidación forzosa. Así mismo, si el órgano competente no se reuniese o no
tomase los acuerdos correspondientes, en un plazo de diez días, la
Superintendencia dispondrá sin más trámite la liquidación forzosa.

5. Cuando los administradores de la institución
abandonen sus cargos y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no
mayor de quince días calendario.

 

Procedimiento de Liquidación de una Institución Financiera

El procedimiento se encuentra en el artículo 147.1
y  148 de la Ley de Instituciones
Financieras:

147.1 nos dice l Superintendente de Bancos, previa a
la declaratoria de liquidación forzosa de una institución financiera en la que
aparezcan indicios de fraude bancario o financiero, deberá solicitar al juez
competente medidas cautelares sobre los bienes de los directores,
administradores, accionistas privados y/o representantes legales de la
institución financiera declarada en liquidación forzosa, que hayan participado
en los actos o en la administración que sean materia de los indicios.

Si durante el proceso de liquidación forzosa se
estableciere que los activos de la institución financiera de que se trate
fueron transferidos a favor de terceras personas naturales o jurídicas de
derecho privado, durante los sesenta días inmediatos anteriores al de la
declaratoria de liquidación forzosas (sic), el liquidador o el Superintendente
de Bancos, según el caso, solicitará que el juez competente dicte medidas
cautelares contra los mismos. Las medidas cautelares se mantendrán hasta que el
juez establezca la legalidad y legitimidad de la transacción. La
Superintendencia de Bancos tendrá la obligación de exigir a los administradores
de las instituciones del sistema financiero que se encuentren en la situación
prevista en el tercer inciso del artículo 142 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, que soliciten autorización al organismo
de control en forma previa a realizar cualquier transferencia de sus activos.
Dicha autorización constituirá un requisito indispensable para el
perfeccionamiento de las referidas transacciones….La Superintendencia de
Bancos, en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la
declaratoria de liquidación, procederá a emitir un informe sobre la situación
financiera de la institución financiera de que se trate, a la fecha de
declaratoria de liquidación forzosa, instrumento que constituirá la constancia
legal de las obligaciones que se determinen en el mismo. Para la emisión de
este informe, la Superintendencia de Bancos podrá contratar una firma
especializada. Este informe deberá especificar, de haber lugar, indicios de
actuaciones dolosas que pudieren haber ocasionado perjuicios patrimoniales a la
institución financiera. En este caso, los accionistas, directores,
administradores o terceros vinculados, responderán con sus patrimonios
personales por los perjuicios ocasionados, para lo cual, en la misma fecha en
que se expida el informe, el Superintendente de Bancos notificará con su
contenido al Ministerio Fiscal General para el inmediato inicio de las acciones
que correspondan.

Art 148 nos
dice: os accionistas que a la fecha de expedición de la liquidación forzosa
representen por lo menos el 25% del capital pagado de la institución afectada,
podrán impugnar la resolución de liquidación forzosa, interponiendo recurso
objetivo o subjetivo en el término improrrogable de tres días hábiles, ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el que dictará su decisión
sustanciando el procedimiento en los términos previstos en la Ley de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que pueda el Tribunal
acogerse al beneficio de hacerlo hasta en el triple de tiempo señalado en la
ley, bajo pena de destitución del o de los ministros jueces que conozcan de la
causa, en cuyo caso actuarán los respectivos conjueces. Si estos últimos
también se hiciesen merecedores de la imposición de la pena de destitución, el
caso pasará a conocimiento de la Sala siguiente y si no existiesen más salas,
la causa pasará a conocimiento y resolución del Tribunal Distrital de la
Contencioso Administrativo con sede en la provincia que en orden alfabético
continúe.

La no interposición de recurso en el término previsto
en el inciso que antecede conllevará la caducidad, para este sólo caso, de la
acción objetiva y subjetiva.

Sin perjuicio de que se ventile el recurso de
apelación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,
continuará el proceso de liquidación con todos sus efectos. Si el fallo del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que conozca de la causa
dejase sin efecto la resolución que contenga la liquidación de la institución
financiera, ésta será entregada por la Superintendencia a los administradores
en funciones al tiempo de resolverse la liquidación. Todos los actos celebrados
por el o los liquidadores en el ejercicio de sus funciones, mantendrán plena
validez, excepto que se comprobase dolo o culpa grave, en cuyo caso se
aplicarán las normas generales.

Cuando la Superintendencia disponga la liquidación
forzosa de una institución financiera, sus administradores cesarán en sus
funciones, con la sola excepción del caso y de los efectos previstos en el
artículo 147 de esta ley.

Al día siguiente de la declaratoria de la liquidación forzosa
de una institución financiera, el Superintendente de Bancos realizará la
convocatoria pertinente para la conformación del Consejo Temporal de
Liquidación de la Institución Financiera de que se trate, el mismo que asumirá
temporalmente las funciones que la Ley asigna a la Junta de Acreedores,
mientras ésta se conforma. Este Consejo está conformado por un delegado del
Presidente de la República, quien lo presidirá, por el Superintendente de
Bancos o su delegado y por el Gerente General del Banco Central del Ecuador o
su delegado. Para la aprobación de las resoluciones del Directorio, se deberá
contar con el voto favorable de al menos dos de sus miembros.

El Consejo nombrará en forma inmediata un nuevo
liquidador temporal o ratificará al designado por la Superintendencia de
Bancos, quien actuará como representante legal de la institución financiera en
liquidación, para todos los efectos legales.

Son funciones prioritarias del Consejo Temporal de
Liquidación, las siguientes:

a) Nombrar al liquidador temporal, dentro de los tres
días contados a partir de la integración del Consejo;

b) Regular la forma y los plazos en que el liquidador
deberá elaborar y certificar el listado de obligaciones, depósitos o pasivos
garantizados y, asegurar que éste sea remitido al organismo competente para el
pago de dicha garantía dentro de los quince días contados a partir de la fecha
de la declaratoria de liquidación forzosa;

c) Establecer los términos de referencia y normas
generales para la contratación de la persona natural o jurídica que actuará
como liquidador definitivo de la institución financiera; y,

d) Vigilar y acelerar, en la medida de lo posible, el
cumplimiento de las normas legales para la conformación de la junta de
acreedores.

Estas funciones deberán cumplirse con excepción del
literal b), dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de
declaratoria de liquidación forzosa, bajo responsabilidad de los miembros del
Consejo Temporal de Liquidación. Este plazo podrá ser prorrogado por treinta
días y por una sola vez, mediante resolución unánime y debidamente fundamentado
del Consejo.

Una vez conformada la Junta de Acreedores, el Consejo
Temporal de Liquidación cesará automáticamente en sus funciones.

Mientras no se perfeccione el nombramiento del liquidador
temporal, el liquidador de que trata el inciso primero de este artículo
ejercerá la administración de la institución financiera en liquidación.

El articulo 150 de la esta ley nos dice que la
liquidación forzosa de una institución financiera privada, en lo que no
estuviese previsto en esta ley, se regirá por las disposiciones sobre
liquidación y disolución contenidas en la Ley de Compañías y en el Código de
Procedimiento Civil, en todo lo que no se oponga a la presente ley. La
Superintendencia, mediante resolución aprobada por la Junta Bancaria, expedirá
las normas de carácter general concernientes a la disolución o liquidación
voluntaria.

En las normas generales para la aplicación de
la ley general de instituciones del sistema financiero titulo xviii.- de la
disolución, del proceso de resolución bancaria y liquidación de instituciones
del sistema financiero (reformado con
resolución no. 1279 de 31 de marzo del 2009) capitulo xiv.- de la conclusión de los procesos de liquidación forzosa (incluido con
resolución no. jb-2009-1427 de 21 de septiembre del 2009) habla también acerca del
proceso de liquidación que se resumiría de este modo:

 

 

  • Cuando el balance
    de una institución del sistema financiero que haya sido sometida a un proceso
    de liquidación forzosa, registre pasivos por valores superiores a los
    activos  el liquidador deberá efectuar el
    registro contable de las provisiones necesarias para las acreencias que
    estuvieren en litigio, así como para todos los activos que no se hubieren provisionado
    anteriormente; y, determinará los bienes que no se haya podido enajenar.

 

  • El liquidador
    deberá informar al Superintendente, como paso inicial para la conclusión del
    proceso liquidatario, sobre la situación financiera y legal de la entidad que
    representa, señalando las causas que determinan la imposibilidad de continuar
    con el proceso de liquidación, luego de establecer el déficit patrimonial de la
    institución financiera en liquidación.

 

  • En base de la
    información presentada por el liquidador, el Superintendente requerirá los
    informes técnico y jurídico de la Dirección Nacional de Entidades en
    Liquidación y de la Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia de
    Bancos y Seguros.

 

  • La recomendación
    para que el Superintendente instruya que la junta de acreedores, o el consejo
    temporal de liquidación, o a falta de éstos, el mismo Superintendente, de conformidad
    con las atribuciones que les otorga el inciso tercero del artículo 155 de la Ley
    General de Instituciones del Sistema Financiero autorice al liquidador para que
    resuelva la transferencia de activos de la institución financiera en
    liquidación, a otra institución del sistema financiero que tenga competencia
    legal para llevar a cabo procedimientos coactivos de cobro.

 

  • La transferencia de
    los activos de una institución financiera en liquidación se hará a título
    oneroso, al valor de los registros contables de la institución financiera que
    las transfiere.

 

  • La resolución de
    conclusión del proceso de liquidación forzosa que dicte el Superintendente incluirá,
    en cada caso, las disposiciones pertinentes para que se cumplan todas y cada
    una de las diligencias necesarias para su perfeccionamiento.

Efectos de la
liquidación

 

El artículo 151.1 nos dice que Resuelta la
liquidación forzosa de una institución del sistema financiera:

 

  • No podrá iniciarse
    procedimientos judiciales ni administrativos, ni decretarse embargos,
    gravámenes, ni dictarse otras medidas precautelatorias sobre sus bienes,
    excepto las hipotecas constituidas por la If a favor de terceros.

 

 

Prelación de
créditos privilegiados  de una
institución financiera en liquidación.

 

a) Las
obligaciones, acreencias o pasivos de la institución financiera garantizados de
conformidad con la ley y los pagos realizados por este concepto por el Estado,
directamente o a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, o por cualquier
institución o agencia establecida para el efecto mediante la ley;

b) Las
costas judiciales que se causen en interés común de los acreedores;

c) Los que
se adeuden a los trabajadores por salarios, sueldos, indemnizaciones, fondos de
reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta por el monto de las
liquidaciones que se practiquen en los términos del Código del Trabajo, y las
obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social derivadas de
las relaciones laborales;

d) Los que
se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones; y,

e) Las
obligaciones por depósitos y captaciones del público, cualquiera sea su
modalidad, siguiendo los criterios que fije la Junta Bancaria a fin de
privilegiar el cobro de los depositantes pertenecientes a los grupos
vulnerables y de la tercera edad; y, de cuantías menores. Luego se atenderán los otros créditos, de
acuerdo al orden y forma determinados en el Código Civil.

Los
accionistas y administradores, las personas naturales y jurídicas vinculadas,
tanto por sus acciones como por cualquier otro tipo de acreencia, cobrarán sus
acreencias exclusivamente al final de la liquidación y en el remanente, si lo
hubiera, siempre que se hubieren satisfecho todas las obligaciones y créditos
originales, cedidos o subrogados, inclusive sus intereses de que trata este
artículo. No será válido ningún acuerdo, acto, contrato, fideicomiso,
privilegio, medida cautelar, ni decisión administrativa o judicial que de
alguna manera modifique o contraríe lo establecido en este inciso. Serán
responsables personalmente, en forma solidaria, las personas jurídicas y sus
representantes legales, así como las personas naturales, incluyendo las
deudoras, los fiduciarios, los jueces, autoridades de control y administrativas
en general, los registradores de la propiedad y mercantiles, que de alguna
manera, contravengan lo expresado en esta norma legal, aun cuando indebidamente
aleguen orden judicial o administrativa anterior. En el proceso de liquidación,
de la respectiva institución financiera, deberá cobrarse por vía coactiva la
responsabilidad solidaria de quienes queden incursos en el ilícito que aquí se
menciona.

Bibliografia:

- Ley de Instituciones del Sistema Financiero

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>