La expropiación en materia procesal en el Ecuador

Catedrático: Dr. Daniel Veintimilla 

Grupo:

  • Sulay Falquez
  • Priscila Rodríguez
  • Jaime Alban

 Antecedentes de la expropiación

El término jurídico dominio eminente es usado primordialmente en Estados Unidos que derivó a mediados del siglo XIX de un tratado legal escrito por el jurista holandés Hugo Grotius en 1625. El término compra obligatoria, también originario de mediados del siglo XIX, es usado principalmente en Inglaterra y Gales y otras jurisdicciones que siguen los principios de la Ley Inglesa. Originalmente, el poder del dominio eminente se asumía que surgía de la ley natural como un poder inherente de la soberanía. Los gobiernos más comúnmente usan el poder del dominio eminente cuando la adquisición de bienes inmuebles necesarios para completar un proyecto público como por ejemplo una carretera y el propietario de la propiedad requerida es reticente a negociar el precio de su venta. En muchas jurisdicciones el poder del dominio eminente está rebajado con el derecho a una compensación justa con respecto a la apropiación. Algunos acuñaron el término expropiación para referirse a la “apropiación” bajo la ley del dominio eminente, y puede ser usada especialmente con respecto a casos donde no se realiza compensación al confiscar la propiedad.

Concepto

Constituye el fundamento de la Expropiación Forzosa, la potestad expropiatoria de la Administración a partir la necesidad de que se sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos superiores.

Esto es lo que legitima esta actuación de la Administración, de modo que de no existir no procedería. Esto trae implícito la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado; además deberá ser declarado expresa y singularmente mediante ley en cada caso.

Pero al mismo tiempo se trata de que tal sacrificio sea el mínimo posible, de forma que no acarree la pérdida del contenido económico de la situación sacrificada, contenido que se sustituye por el justiprecio. La expropiación forzosa se admite en los inicios del estado liberal como el último fondo del derecho natural, sagrado e inviolable a la propiedad privada, “se ha convertido en un límite negativo del derecho absoluto decimonónico de propiedad poniéndose a disposición de la Administración Pública para el cumplimiento de los fines de ordenación y conformación crecientes en la sociedad actual, pero quedando garantizado siempre al titular del derecho, una causa justa de interés social, que a su vez limita la expropiación forzosa, y el contenido económico de su derecho, siendo estos aspectos fiscalizables por los Tribunales superiores.

Por lo tanto la expropiación es la expropiación es el desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa.

En el artículo 57 literal L del COOTAD se establece que.-

Al consejo municipal le corresponde:

l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación resueltos por el alcalde conforme a la ley.

 La declaratoria de utilidad pública o interés social sobre bienes de propiedad privada es el antecedente para llegar a una expropiación dando conocimiento al dueño del bien inmueble que este  se tomara para obra de beneficio a la comunidad, será resuelta por la máxima autoridad de la entidad pública. Esta declaratoria se debe realizar mediante acto motivado, en el que constara de forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y el fin a los que se destinara. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente certificado del registrador de la propiedad. Las personas jurídicas de derecho privado sujetas a la ley y al reglamento del sistema nacional de contratación pública, como entes contratantes podrán negociar directamente la adquisición del inmueble dentro de los parámetros establecidos en la ley. Si se requiriera una expropiación deberán solicitarla a la autoridad pública del ramo correspondiente al que pertenezcan. La resolución de la declaratoria será inscrita en el registro de la propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el bien y se notificara al propietario. La inscripción de la declaratoria traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad pública.

 

Por lo tanto nos damos cuenta que en el Ecuador existen dos tipos de expropiación:

El Estado y sus Instituciones tanto públicas como mixtas  se rigen por:

  • Constitución
    • C.P.C
    • Ley de Contratación Publica
    • Reglamento de la Ley de Contratación Publica

Mientras que Los Municipios tienen como base el Cootad, desde el Art  446-459 y

Art 594- 596.

 

Procedimiento

Siguiendo la línea del Cootad, en cuestión de procedimiento el artículo 446 nos dice que en el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización y vivienda de interés social, el precio de venta de los terrenos comprenderá únicamente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de mejoramiento realizadas. El gobierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de pago.

Para proceder a la expropiación se requiere primeramente que se haga una declaratoria de utilidad pública como nos dice el artículo 447 del Cootad  las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará, es importante explicar hasta el último detalle para que la resolución tenga soporte tanto jurídico como técnico. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la expropiación.

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios. Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del respectivo cantón y dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno parroquial.

 Hay que tener en cuenta que si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o ninguna utilidad económica al propietario,  la conservación de  la parte no afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio, para que así haya un justiprecio en relación a lo que le están quitando con lo que le están compensando y en los casos de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad competente.

Esta resolución de la máxima autoridad con la declaratoria de utilidad pública de bienes expropiados, se debe notificar a los acreedores hipotecarios si los hubiere y al registrador de la propiedad. La inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor del gobierno autónomo descentralizado que requiere la declaración de utilidad pública.

En cuestión de avaluó mediante este  se determinará el valor a pagar y que servirá de base para buscar un acuerdo sobre el precio del mismo. El órgano competente del gobierno autónomo descentralizado, para fijar el justo valor del bien a ser expropiado, procederá del siguiente modo:

a)  Actualizará el avalúo comercial que conste en el catastro a la fecha en que le sea requerido el informe de valoración del bien a ser expropiado. De diferir el valor, deberá efectuarse una re liquidación de impuestos por los últimos cinco años. En caso de que ésta sea favorable a los gobiernos autónomos descentralizados, se podrá descontar esta diferencia del valor a pagar.

b)  A este avalúo comercial actualizado se descontarán las plusvalías que se hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los últimos cinco años; y,

c)  Al valor resultante se agregará el porcentaje previsto como precio de afectación que puede ser hasta del 5% adicional. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere efectuar esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios de terceros especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley de la materia.

 Luego de establecer el precio final en caso de que los propietarios no estén de acuerdo con este, de  los bienes declarados de utilidad pública podrán impugnar la resolución administrativa de expropiación, dentro de los quince días hábiles siguientes; de no existir respuesta a la impugnación la declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto. De la resolución sobre la impugnación, no habrá recurso alguno en la vía administrativa.

La forma de pago ordinaria será en dinero de existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años. Del valor a pagar, se descontarán los impuestos, tasas y contribuciones que el titular esté adeudando por el inmueble expropiado.

 En caso en que las partes no llegue a un acuerdo  sobre el precio de  los bienes expropiados,  la administración podrá proponer juicio de expropiación ante  la justicia ordinaria, de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único objetivo la determinación del valor del inmueble.

Se podría dar una reversión en el caso de  que el gobierno autónomo descentralizado no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la notificación de tal declaratoria, el propietario podrá pedir su reversión en la forma establecida en la ley. De igual manera, podrá solicitar la reversión en el caso que el gobierno autónomo descentralizado no hubiere, dentro del mismo plazo, cancelado el valor del bien siempre que no haya sentencia de por medio.

 

Si la declaratoria de utilidad pública se hubiere realizado para el ensanche de vías o espacios públicos, o para la construcción de acueductos, alcantarillas u otras obras  similares y no comprendiese  sino hasta el cinco por ciento de  la superficie de un predio, el valor del bien expropiado podrá compensarse, en todo o en parte con el de la contribución especial de mejoras correspondiente a la obra pública. Si fuere necesario un espacio mayor o si debieran demolerse construcciones, se procederá conforme a las normas generales. Fondos del cual se va a pagar al propietario del bien declarado en utilidad pública, en todo o en parte (5%), provendrán  de la contribución especial de mejoras

 Queda claro por lo tanto que en  los procedimientos de expropiación, a partir de  la notificación de la declaratoria, no se generarán sobre el bien, impuestos, tasas, derechos o cualquier otra prestación patrimonial de registro, inscripción o protocolización de los documentos que produzcan o de los actos jurídicos que se produzcan. En  los procedimientos de expropiación, a partir de  la notificación de la declaratoria, no se generarán sobre el bien, impuestos, tasas, derechos o cualquier otra prestación patrimonial de registro, inscripción o protocolización de los documentos que produzcan o de los actos jurídicos que se produzcan.

Para la realización de los diferentes proyectos que constan en los planes de ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito metropolitano coordinará la participación de los propietarios de terrenos, sean estos personas naturales o jurídicas, que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos planes o que tengan interés en el desarrollo de las mismas, para lo cual impondrá a los propietarios la obligación de ceder gratuitamente  los terrenos comprendidos en el sector en que se han de ejecutar obras municipales de urbanización en las siguientes proporciones:

a) Cuando se trate de ensanchamiento de vías y de espacios abiertos, libres o arborizados o para la construcción de acequias, acueductos, alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de la superficie del terreno de su propiedad, siempre que no existan construcciones.  Si excediere del cinco por ciento mencionado en el inciso anterior, se pagará el valor del exceso y si hubiere construcciones, el valor de éstas, considerando el valor de la propiedad de terminado

b) Cuando se trate de fraccionamientos, a ceder gratuitamente la superficie de terreno para vías, espacios abiertos, libres y arborizados y de carácter educativo, siempre que no exceda del treinta y cinco por ciento de la superficie total.

—  Expropiaciones para Vivienda de Interés Social y Regularización de Asentamientos Urbanos.

 En el caso de que los gobiernos municipales o metropolitanos podrán expropiar predios con capacidad técnica para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, que se encuentren incursos en las siguientes causales:

a)  Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales los propietarios puedan y deban construir, y que hayan permanecido sin edificar y en poder de una misma persona, sea ésta natural o jurídica, por un período de cinco años o más, y cuyo propietario no proceda a construir, en un plazo de tres años después de ser notificado;

b)  Predios dentro de los límites urbanos o de las áreas de expansión, de diez mil metros cuadrados o más de superficie, cuyos propietarios no lo hubieran urbanizado durante un perspectiva, para proceder a su urbanización, lotización y venta; y,

c) Las edificaciones deterioradas, que no estén calificadas como patrimonio cultural, si no fueren reconstruidas o nuevamente construidas, dentro de un plazo de seis años, a partir de la fecha de la notificación respectiva.

 

Expropiación especial para regularización de asentamientos urbanos

Los gobiernos metropolitanos o municipales, mediante resolución del órgano  legislativo, podrán declarar esos predios de utilidad pública con el propósito de dotar de los servicios básicos a los predios ocupados por los asentamientos y definir la situación jurídica de los posesionarios, adjudicándoles los lotes correspondientes. Cada gobierno autónomo metropolitano o municipal establecerá mediante ordenanza los criterios para considerar un asentamiento humano como consolidado. De manera general, en esta modalidad de expropiación se seguirá el mismo procedimiento expropiatorio con las siguientes variaciones:

 

a)  El financiamiento del pago del justo precio a quien se pretenda titular del dominio del inmueble a ser expropiado se realizará mediante el cobro en condiciones adecuadas a los adjudicatarios de  los  lotes de  terreno. El  certificado de disponibilidad presupuestaria  se sustituirá con el informe de financiamiento emitido por el órgano competente del gobierno descentralizado autónomo;

b)  En la valoración del inmueble, a efectos de determinar el justo precio, se deberán deducir los créditos a favor de la municipalidad por conceptos tributarios;

c)  El pago del justo precio del inmueble se efectuará mediante títulos de crédito con vencimiento semestrales a un plazo no mayor a veinticinco años o conforme los respectivos adjudicatarios vayan cancelando el valor de los inmuebles adjudicados. El órgano legislativo decidirá el mecanismo y forma de pago. Si se cancela con títulos de crédito, éstos serán negociables y podrán ser compensables con las acreencias a favor del respectivo gobierno autónomo descentralizado.

d) Los títulos de crédito así emitidos, serán entregados al titular del inmueble si fuere conocido según los registros públicos o consignados ante un juez civil, en caso de oposición del titular o en el caso de que el dominio estuviere en disputa o no fueren conocidos los titulares del bien expropiado.

En conclusión  el derecho de la propiedad se pueda ver afectado con expropiaciones, en las que a los dueños de los predios tomados por las Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales se les cancele en un 70% del valor de su bien con bonos a un plazo máximo de 20 años puede ser materia de preocupación a nuestro parecer ya que tras expropiar el terreno a una persona no se le puede dar la carga adicional de pagarle en papeles para que los negocie por su cuenta.

Actualmente la Constitución garantiza el derecho de la propiedad, sin distinción  entre propiedad mueble e inmueble, siempre que el bien cumpla con dos condiciones: que respete el medio ambiente y que cumpla una función social.

Bibliografía

Principio de Legalidad

Este principio lo encontramos en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal el cual nos dice:

 

 Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto.

 

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse.

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.

 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos  de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.

Este principio tuvo sus albores con el jurista Cesar Beccaria,  que también es autor de la escuela clásica o humanista en el derecho penal, esta escuela es el antecedente de este principio de legalidad, es profundamente liberal, trata de defender al ser humano, los derechos individuales y como una reacción a la situación del individuo frente al estado prepotente y poderoso, de antes de la Revolución Francesa, busca y lo consigue dulcificar las penas, abolir la tortura, establecer normas de protección al significado que no obstante haberse apartado de la Ley y violado la norma del Estado, sigue siendo persona y por tanto con derechos.

Paul Johann Anselm von Feuerbach estableció este principio en materia de derecho penal basándose en la máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera previa por la ley. La legalidad penal es entonces un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito.

Contenido: los elementos que integran el principio de legalidad. Puede estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto de vista formal y en su significado material:

1. La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante una ley los delitos y las penas, no se pueden dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y por medio de leyes que han de ser en los casos en que se desarrollen Derechos Fundamentales y libertades públicas.

2. La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias, que son:

La Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia comporta 4 consecuencias:

– La prohibición de la retroactividad de las leyes penales, como regla general las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sea más favorable para el reo.

– La prohibición de que el Ejecutivo/Administración dicte normas penales.

– La prohibición de la analogía en materia penal (generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida)

– Reserva legal, manifestación que exige que los delitos y sus penas sean creados por ley y solo puedan ser creados por esta, descartándose otros medios de formación de legislación penal (Como podrían ser la costumbre o las resoluciones judiciales).

Derecho Penal Económico

 Trabajo Investigar y analizar los

  • Delitos ambientales
  • Delitos de cuello blanco

 

Catedrático: Dr. Eduardo Franco Loor

 

 

Alumna: Sulay Falquez Morante

 

 

20/06/2011

El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – espacio.
Ab initio, debemos señalar que el conjunto de normas penales que sancionan conductas contrarias a la utilización racional de los recursos naturales, debe llevar intrínseca la condición formal de sancionar mediante penas tales conductas y, fundamentalmente, los tipos penales deben ser correctos y funcionales a fin de lograr una justa y eficaz protección del medio ambiente.

El Derecho Penal, en cuanto instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas, y por sí solo carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos negativos para el entorno en general; este Derecho, no es evidentemente el único recurso con que cuenta el ordenamiento jurídico para la corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero sí representa el instrumento más grave. Es decir que la nota distintiva entre las sanciones penales y las otras, como por ejemplo las administrativas. Por tanto solo deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico, o bien porque la gravedad del hecho cometido denuncia como inoperantes otras medidas que no sean las suficientes.

La regulación penal de las conductas de efectos negativos para el ambiente , obliga a tipificar estos delitos como de peligro, con el fin de adelantar la protección penal a supuestos en los cuales aún no haya acaecido un efectivo daño o lesión al ambiente.

Ahora bien, cabe señalar que en lo que respecta a los delitos ecológicos, el bien jurídico protegido principal es el medio ambiente y accesoriamente se desprende que al proteger el medio ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida humana; cuestión que enuncia la doctrina germana e ibérica. Sólo recordemos el enunciado del principio “ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius”, el cual propugna que sin un medio ambiente adecuado no podría existir vida, sin vida no habría sociedad y sin sociedad no existiría el derecho, por consiguiente el medio ambiente se constituye como un prius para la propia existencia del hombre y de todo cuanto existe en nuestro planeta.

A continuación se enumeraran y analizaran los delitos encontrados en el código penal ecuatoriano:

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud  humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.  Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.

Bien jurídico protegido: Salud humana, mares, ríos, (el agua).

Tipo Objetivo: Delito de usar desechos tóxicos, sustancias radioactivas u otras similares.

Tipo subjetivo: Acto doloso.

 

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.

 

Bien jurídico protegido: Mares, ríos, esteros, lagos, flora, fauna

Tipo Objetivo: Delito Desechar residuos traspasando los límites fijados

Tipo subjetivo: Acto doloso.

 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:

  a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;

   b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;

   c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor, o,

   d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.

 

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no  constituye un delito más grave.  En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.

  La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

   a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de las especies;

   b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,

   c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas.

 

Bien jurídico protegido: Flora y Fauna

Tipo Objetivo: Comercialización ilegal de Flora y fauna

Tipo subjetivo: Acto doloso

 

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será  reprimido con prisión de uno a tres años.

Bien jurídico protegido: Flora y Fauna acuáticas y terrestres y utilización de procedimiento de pesca y caza prohibidos

Tipo Objetivo: Extraer especies protegidas en veda o protegidas

Tipo subjetivo: Acto doloso

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

  La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:

   a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo modificación del régimen climático; o,

   b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que  abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.

 

Bien jurídico protegido: bosques y formaciones vegetales

Tipo Objetivo: Destrucción de bosques y aéreas verdes protegidas

Tipo subjetivo: Acto doloso

 

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras uso agrícola exclusivo, a convertirse  en áreas de expansión urbana o de extracción o elaboración de materiales de construcción.

Bien jurídico protegido: tierras protegidas

Tipo Objetivo: Destino ilegal de tierras protegidas

Tipo subjetivo: Acto doloso

 

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

 

Bien jurídico protegido: Tierras protegidas

Tipo Objetivo: Permitirse uso indebido de tierras

Tipo subjetivo: Acto doloso

 

Delitos de Cuello Blanco

Desde el principio de los registros históricos, el delito ha sido cometido por miembros de todos los diferentes segmentos de la sociedad. Ello incluye la gente bien en profesiones respetadas y poderosas. Sin embargo, no fue sino hasta 1939 que el término delito de cuello blanco fue acuñado oficialmente para referirse a delitos cometidos por profesionistas o empleados del gobierno en el curso de sus trabajos. 

¿Qué es un Delito de Cuello Blanco?

Existen diferentes definiciones del delito de cuello blanco. Muchos expertos convienen en que el término delito de cuello blanco describe delitos no violentos cometidos por empleados de negocios o del gobierno. Algunas definiciones demandan que el supuesto delincuente se encuentre en las clases socioeconómicas medias o altas, a fin de que un delito sea considerado de cuello blanco. Estas definiciones vienen de diferentes escuelas que estudian el delito y de dependencias del gobierno que investigan los delitos.

Las leyes estatales y federal se refieren a actividades delictivas específicas. Algunos ejemplos comunes de delitos a que se refieren los funcionarios ejecutores de la ley como delitos de cuello blanco incluyen: malversación, fraude en los cuidados a la salud, fraude de valores, fraude de seguros, fraude de quiebra y delitos contra el ambiente.

Edwin Hardin Sutherland (1939)  realiza investigación sobre 70 empresas en las que se habían cometido delitos a esos delitos los denomina “DELITOS CUELLO BLANCO”. Vincula los delitos cometidos con la alta condición económica, de estos delincuentes. El Estudio de Sutherland demostró que la delincuencia no está directamente relacionada con la pobreza ni con otras condiciones como las sociales o psicológicas con las que comúnmente se asocia. No solo los pobres cometían crímenes sino que los ricos los perpetraban al abrigo de una impunidad mayor, con ello cuestionó severamente a aquellos que fundamentaban el origen de la delincuencia en las condiciones propias de la pobreza.

Concepto: DELITOS DE CUELLO BLANCO son a aquellos “ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional”

También este término se conoce como: Delitos de Guante Blanco; por hace referencia a aquellos delitos que se cometen sin mancharse las manos.
     – Delincuencia de los de Arriba; estatus económico, político y social.
      -Delitos Económicos,
      -Delitos Financieros,
      -Delitos Ocupacionales

Los Delitos de Cuello Blanco se cometen sin violencia, mediante la utilización de procedimientos, malicia, el engaño o el falseamiento. La victima Somos Todos, la comunidad en general. Este tipo de delitos suelen ser cometidos por: Por personas de negocios “respetables” y profesionales.

Es factor impulsor de la criminalidad “de cuello blanco”, la llamada “falsa criminalidad de cuello blanco”. Estadísticamente se ha de comprobar el gran número de procesos y de detenidos por casos de “falsa delincuencia institucionalizada”, en los que se escandaliza con el enjuiciamiento a funcionarios del gobierno de menor jerarquía por actos de corrupción

 

 Algunas formas de la delincuencia “de cuello blanco”:

Sin que se pueda agotar la casuística de estas modalidades delictivas, y admitiendo la posibilidad de estudiarlas como formas fusionadas de criminalidad, puntualizamos algunas hipótesis:

a.- La delincuencia “de cuello blanco” como forma de delincuencia “institucionalizada”, es perpetrada por elementos que pertenecen a los grupos que detentan el poder político del que abusan en beneficio personal, en ciertas actividades como las defraudaciones aduaneras y evasiones tributarias.

b.- La delincuencia “de cuello blanco” perpetrada por las corporaciones o transnacionales, en las que se mezclan como sujetos activos tanto personas particulares como funcionarios públicos, buscando mecanismos ingeniosos como la “subfacturación” de los precios reales. De esta manera se obtienen

ganancias paranormales, porque se falsean datos en cuanto al precio real de fabricación y el precio real de venta, o entre el precio de exportación y el que realmente se recibe. En un país como el nuestro en el que hay una diferencia notable en el precio oficial de una moneda patrón en el comercio internacional el dólar-, y el del mercado libre de cambios, las “ganancias” en el cambio de divisas que no son comercializadas oficialmente es incalculable. Debe pensarse en que los mecanismos de control son insuficientes, para no admitir que hay una colaboración cómplice de determinados funcionarios de gobierno, que se convierten también en delincuentes “de cuello y corbata”.

c.- Hay una gama de delitos propios cometidos por personas que ocupan determinados cargos o funciones públicas, en quienes el Estado ha depositado la confianza en el buen manejo de sus negocios. Estos sujetos abusando del cargo se apropian de los dineros públicos (peculado), o les dan un destino no autorizado (malversación), o dolosamente permiten un dispendio en el manejo de los dineros públicos que ocasiona un faltante en el momento de la redención de cuentas (desfalco).

Para no incurrir en falsas apreciaciones hay que distinguir, al funcionario público que tiene poder político y que es el verdadero delincuente “de cuello blanco”, del que reuniendo las condiciones para ser sujeto activo de un delito propio (ej. peculado) carece de poder político, y que es un falso delincuente “de cuello blanco”. La verdadera delincuencia “de cuello blanco” es normalmente impune por las motivaciones (supra) ya determinadas, a diferencia de la de otros funcionarios públicos que es perseguida y sancionada.

 Bibliografía

Investigar ¿Qué es un fideicomiso mercantil cerrado? ¿Existe en nuestra legislación? ¿Si es posible o no?

Primeramente es necesario conocer el concepto de lo que es un fideicomiso mercantil para poder llegar a establecer lo que es un fideicomiso mercantil cerrado, su concepto lo podemos encontrar en la ley de mercado de valores  en el artículo 109 que nos dice:

“Por el contrato   de   fideicomiso  mercantil  una  o  más  personas  llamadas constituyentes  o  fideicomitentes  transfieren,  de manera temporal e irrevocable,  la  propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales,  que  existen  o  se espera que existan, a un patrimonio autónomo,  dotado  de  personalidad  jurídica  para  que  la  sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad  su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas  en  el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. “

Por lo tanto establecemos que para constituir un fideicomiso mercantil es necesario que se transfieran bienes ya sea de cualquier naturaleza al patrimonio del fideicomiso, este patrimonio será administrado por una Admistradora de Fondos y Fideicomisos que es su representante legal, y estará encargada de que las finalidades que se establecieron en aquel contrato se cumplan a favor del beneficiario que puede ser el constituyente, se pueden transferir al patrimonio tanto bienes muebles como inmuebles.

En nuestra legislación no encontramos propiamente el concepto de lo de que un fideicomiso mercantil cerrado pero la ley si nos da una pauta al respecto en el artículo 110 de LMV cuando nos dice:

“El fideicomiso mercantil  deberá  constituirse  mediante instrumento público abierto. Cuando  al  patrimonio  del  fideicomiso  mercantil  se aporten bienes inmuebles  u  otros  para  los  cuales  la  ley exija la solemnidad de escritura pública, se cumplirá con este requisito.”

Por lo tanto el fideicomiso será abierto o cerrado de acuerdo a los tipos de bienes que se introduzcan en el patrimonio, ya que el artículo expresa que es necesario y obligatorio que el instrumento publico sea abierto cuando al patrimonio se incorporan bienes expresamente inmuebles, ya que para estos la ley exija la solemnidad de escritura pública, entonces queda por decir que el fideicomiso mercantil cerrado es el cual se introducen a su patrimonio bienes muebles o dinero, porque estos no necesitan formalidad de escritura pública como por ejemplo un edificio.

La existencia de este tipo de fideicomiso si es válido en nuestra legislación, ya que se lo nombra en el artículo 25 de la Ley Notarial, este dice.

“Los fideicomisos mercantiles cerrados, no requerirán para sus otorgamiento de testigos, pero una copia de la cubierta de ellos, debidamente firmada por las partes y por el notario que se incorpora al protocolo”

Cabe recalcar que el legislador habla de que este fideicomiso no requerirá testigos, porque anterior a este inciso del artículo se habla acerca del testamento, y se deja claro que en el testamento cerrado si se necesita testigos, en el mismo acto del otorgamiento.

Entonces llegamos a la conclusión de que si es posible un fideicomiso mercantil cerrado aquí en el Ecuador, ya que al nombrarlo en la Ley se sobreentiende de que es posible llevarlo a cabo, y se nombra de que manera deberá entregarse al notario.

 Bibliografia

LEY NOTARIAL, LEY DE MERCADO DE VALORES, CÓDIGO CIVIL.

ANALISIS DEL PACTO COMISORIO

Publicado el 12 julio, 2011 por derechoanalisis

Nace como estipulacion que se podia incoporar a la venta Roma

En condicion de la accion resolutoria se da cuando hay pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado, contrato de compraventa por el no pago del precio.

 

Como introduccion podriamos decir que el pacto comisorio nace como una estipulacion que se podia incorporar a la venta en Roma, e y se dividia en dos partes:

 

Emptio: Era la transferencia de dominio de una parte a la otra parte.

Venditio: Se efectuaba la venta de la cosa, se hacia entrega del dinero.

 

 Esto traia dificultades  ya que si se hacia la transferencia de la cosa, no se podia dar el pago de lo debido por parte del deudor, es solo una razon historica la que llevo al legislador a tratar este tema y referido a pager el precio, como un recuerdo de la ley comisoria romana por esto que a lo largo de los años , como el derecho evoluciona constantemente el codigo de Andres Bello nos plasmo una figura que por lo general se utiliza en el contrato de compraventa, lo que es el pacto comisorio.

 

Concepto.- Se estipula expresamente que no pagandose el precio al tiempo convenido, se resolvera el contrato de compraventa, las partes dejan constancia que si el comprador no paga el precio, la otra parte podra pedir la resolucion del contrato.

El Pacto Comisorio no es otra cosa que la condicion resolutoria tacita expresada, convenida.

 

Clasificacion.- Su clasificacion se da en pacto comisorio simple y complejo.

 

Nuestro codigo civil nos dice en el articulo 1817 inciso 1, la definicion del pacto comisorio simple:

 

Definicion.- Se estipula que no pagandose el precio al tiempo convenido, se resolvera el contrato de venta.

Este no viene a ser mas que la condicion resolutoria tacita expresada, el ejemplo mas comun es el de un contrato de compraventa donde se establece que si el comprador no paga el precio se resolvera el contrato, o que si las partes convienen que si el arrendatario no pagare la renta convenida en el plazo fijado se resolvera el contrato de arrendamiento. Dandonos cuenta que el apcto comisorio simple nos es otra cosa que la condicion resolutoria tacita, podemos encontrar en el articulo 1813 inciso1 la estipulacion que dice que es lo que debera efectuarse:

Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en lugar y tiempo dichos, el vendedor tendra derecho para exigir el precio o la resolucion de la venta, con resarcimiento de perjuicios que en este caso serian, el lucro cesante y el daño emergente. No hay duda que este pacto comisorio requiere sentencia judicial al igual que la condicion resolutoria tacita, porque la ley da derecho al acreedor a exigir la resolucion, con lo cual queda dicho que ella aun no se ha producido

 

Nuestro codigo civil en el articulo 1819 nos da la definicion de pacto comisorio calificado nos dice: Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podra, sin embargo, hacerlo subsitir pagando el precio, lo mas tarde en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificacion judicial de la demanda.

Lo que caracteriza el pacto comisorio calificado es esta estipulacion de resolucion ipso facto, en que ya las partes pretenden alterar los efectos normales de ella. Naturalmente que no es necesario utilizar esta frase o expresion, sino cualquiera equivalente; sin necesidad de juicio de pleno derecho, inmediatamente, etcetera.

 

El pacto comisorio calificado en la compraventa y por no pago del precio

 

Este pacto es limitativo. Altera la estipulacion de las partes, porque lo que ellas han dicho es que el contrato se resolvera ipso facto, por el solo incumplimiento, y aun en tal caso la ley le da la posibilidad al comprador de hacerlo subistir pagando el precio en el brevisimo plazo que otorga que es de 24 hrs posteriores  al recibir la notificacion el deudor.

Pues bien si el acreedor debe pedir resolucion es porque no se ha realizado de pleno derecho. El plazo que la ley otorga al deudor para hacer subsistir el contrato se cuenta desde la notificacion judicial como ya lo mencionamos, lo que prueba que es necesario un juicio. En todo caso lo que si es evidente es que el comprador no puede pagar si han transcurrido ya mas de 24 hrs desde la notificacion de la demanda.

 

Una vez que ya hemos establecido la clasificacion podemos decir mencionar los efectos del pacto comisorio:

  • Efecto del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio: drecho a exigir el precio o la resolucion de al venta, con resarcimiento de perjuicios.
  • Efecto del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por incumplimiento de una obligacion distinta a la de pagar el precio, o en los demas contratos por incumplimiento de cualquiera obligacion: se otorga al contratante cumplidor la opcion para pedir el cuplimiento o la resolucion mas indemnizacion de perjuicios, luego s erequiere sentecia judicial que declare la resolucion,
  • Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio: Como puede observarse, se otorga al comprador un plazo de 24 hrs, que se cuentan desde la notificaion de la demanda para enervar la accion de resolucion, pagando el precio adeudado, debe haber sentencia.
  • Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligacion distinta a la de pagar el precio, o en los demas contratos por incumplimiento de cualquiera obligacion. Al operar el pacto comisorio calificado d epleno dercho ene l contrato de arrendamiento, si en este se estipulo  que el contrato terminaba ipso facto por el no pago d elas rentas en la oportunidad fijada y se produce el incumplimiento y no la terminacion, porque el contrato s extingio al cumplirse la condicion.

 

Prescripcion.- El pacto comisorio prescribe según nuestro codigo en el plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato.

Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, se que se haya estipulado un plazo o ninguno

Bibliografia:

CODIGO CIVIL

* DE LAS OBLIGACIONES, RENE ABELIUK, CHILE.

investigación del significado de la palabra ESTRATEGICA, SENSIBLE Y EMPRESA PUBLICA; y ejemplos de información estratégica y sensible.

 

Significado de la palabra:

 

Estratégica
(co).-  1. adj. Perteneciente o relativo a la estrategia.

2. adj.
Que posee el arte de la estrategia. U. t. c. s.

3. adj.
Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc.: De importancia decisiva para el desarrollo de algo.

Sensible.-  Que siente,
física y moralmente.

2.
adj. Que puede ser conocido por medio de los
sentidos.

3.
adj. Perceptible, manifiesto, patente al
entendimiento.

4. adj.
Que causa o mueve sentimientos de pena o de dolor.

5. adj.
Dicho de una persona: Que se deja llevar fácilmente del sentimiento.

6. adj.
Que cede o responde fácilmente a la acción de ciertos agentes.

 

Empresa Pública.-  ARTÍCULO 4  de la ley
orgánica de empresas publicas.-
Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en
los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de
derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria,
financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en
general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.

Art. 315 de la Constitución .- El Estado constituirá empresas públicas para la
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el
desarrollo de otras actividades económicas.

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y
el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley;
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica,
autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y
ambientales.

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y
reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o
asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los
excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al
Presupuesto General del Estado.

La ley definirá la participación de las empresas
públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría
accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y
la prestación de los servicios públicos.

 

Ejemplos de Información estratégica y de
información sensible:

Información estratégica.- Que la EMOP (Empresa
Metropolitana De Obras Publicas)  de a
cualquier solicitante o tercera persona información sobre su  procesos de construcción y tecnología que se
implanta en las obras.

Información Sensible.-  Que la Empresa Municipal De Saneamiento
Ambiental De Babahoyo de a cualquier persona información sobre un juicio de
cualquier tipo de materia sin que este sea parte procesal o tercerista.

 

Bibliografía

  • Diccionario de la Lengua Española
  • ley orgánica de empresas publicas
  • Constitución del Ecuador

Causales de liquidación de una institución financiera.

Publicado el 9 agosto, 2011 por derechoanalisis

 

Haciendo una pequeña introducción
a esta investigación podemos decir que la seguridad financiera tiene cuatro
pilares fundamentales para la correcta organización y control en este ámbito,
estos son:

  • Buena supervisión
  • Fondo de liquidez
  • Banquero de ultima instancia
  • Buena resolución Bancaria

En este caso nos enfocaremos
solo en dos pilares, la buena supervisión
y la buena resolución bancaria,
la buena supervisión hace que el Estado regule y brinde vigilancia y control
con una buena administración y supervivencia como nos dice el artículo 180
literal b:

El
Superintendente de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, tiene las
siguientes funciones y atribuciones:

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento de las instituciones sujetas a su control y, en general, que
cumplan las normas que rigen su funcionamiento;

Mientras que la buena resolución bancaria busca
afrontar los problemas financieros y administrativos con técnica, prudencia y
equidad, que ofrece un programa de vigilancia preventiva, que al darse cuenta
que se esta obrando incorrectamente en algún aspecto por la institución
financiera se dictan acciones correctivas si están no se cumplen al cabo de 12
meses y se cumplen algunas de las causales del articulo  148 de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero se procede con la liquidación de la institución financiera.

Causales
de liquidación de una Institución Financiera (Art 148)

La Superintendencia mediante resolución aprobada por
la Junta Bancaria, podrá declarar la liquidación forzosa de una institución del
sistema financiero, designando a uno o más liquidadores, cuando se cumpla una o
más de las siguientes causas:

1. No pagar cuales quiera de sus obligaciones,
especialmente con los depositantes o en la cámara de compensación;

2.  No ajustar
totalmente sus actividades a los programas de vigilancia preventiva o de
regularización establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la
órbita de su competencia; o no cubrir las deficiencias de patrimonio técnico o
los niveles mínimos de capital en los plazos establecidos; o no efectuar las
remociones impartidas por la Superintendencia;

3. No realizar las operaciones que le son propias de
acuerdo a su naturaleza jurídica durante un período de por lo menos seis meses;

4. Las previstas en el artículo 149 de esta ley, este
artículo nos dice:

Si a una institución controlada por la
Superintendencia que hubiese cometido infracciones a esta ley o se le hubiese
impuesto multas reiteradas, se mostrase reticente para cumplir las órdenes
impartidas por la Superintendencia, adulterase o distorsionase sus estados
financieros, obstaculizase la supervisión, realizase operaciones que fomenten o
comporten actos ilícitos o hubiese ejecutado cualquier hecho grave que haga
temer por su estabilidad, la Superintendencia, por resolución, removerá a los
miembros del Directorio y al representante legal y requerirá inmediatamente al
órgano competente para que realice la o las designaciones que fuesen del caso.

Si en el término de tres días no se convoca al organismo
competente para la designación de los funcionarios removidos, la
Superintendencia procederá a convocarlo.

Si transcurrido un plazo de treinta días contados
desde la fecha en que la Superintendencia dispuso las referidas remociones, la
institución controlada no hubiese modificado sus procedimientos, dispondrá su
liquidación forzosa. Así mismo, si el órgano competente no se reuniese o no
tomase los acuerdos correspondientes, en un plazo de diez días, la
Superintendencia dispondrá sin más trámite la liquidación forzosa.

5. Cuando los administradores de la institución
abandonen sus cargos y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no
mayor de quince días calendario.

 

Procedimiento de Liquidación de una Institución Financiera

El procedimiento se encuentra en el artículo 147.1
y  148 de la Ley de Instituciones
Financieras:

147.1 nos dice l Superintendente de Bancos, previa a
la declaratoria de liquidación forzosa de una institución financiera en la que
aparezcan indicios de fraude bancario o financiero, deberá solicitar al juez
competente medidas cautelares sobre los bienes de los directores,
administradores, accionistas privados y/o representantes legales de la
institución financiera declarada en liquidación forzosa, que hayan participado
en los actos o en la administración que sean materia de los indicios.

Si durante el proceso de liquidación forzosa se
estableciere que los activos de la institución financiera de que se trate
fueron transferidos a favor de terceras personas naturales o jurídicas de
derecho privado, durante los sesenta días inmediatos anteriores al de la
declaratoria de liquidación forzosas (sic), el liquidador o el Superintendente
de Bancos, según el caso, solicitará que el juez competente dicte medidas
cautelares contra los mismos. Las medidas cautelares se mantendrán hasta que el
juez establezca la legalidad y legitimidad de la transacción. La
Superintendencia de Bancos tendrá la obligación de exigir a los administradores
de las instituciones del sistema financiero que se encuentren en la situación
prevista en el tercer inciso del artículo 142 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, que soliciten autorización al organismo
de control en forma previa a realizar cualquier transferencia de sus activos.
Dicha autorización constituirá un requisito indispensable para el
perfeccionamiento de las referidas transacciones….La Superintendencia de
Bancos, en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la
declaratoria de liquidación, procederá a emitir un informe sobre la situación
financiera de la institución financiera de que se trate, a la fecha de
declaratoria de liquidación forzosa, instrumento que constituirá la constancia
legal de las obligaciones que se determinen en el mismo. Para la emisión de
este informe, la Superintendencia de Bancos podrá contratar una firma
especializada. Este informe deberá especificar, de haber lugar, indicios de
actuaciones dolosas que pudieren haber ocasionado perjuicios patrimoniales a la
institución financiera. En este caso, los accionistas, directores,
administradores o terceros vinculados, responderán con sus patrimonios
personales por los perjuicios ocasionados, para lo cual, en la misma fecha en
que se expida el informe, el Superintendente de Bancos notificará con su
contenido al Ministerio Fiscal General para el inmediato inicio de las acciones
que correspondan.

Art 148 nos
dice: os accionistas que a la fecha de expedición de la liquidación forzosa
representen por lo menos el 25% del capital pagado de la institución afectada,
podrán impugnar la resolución de liquidación forzosa, interponiendo recurso
objetivo o subjetivo en el término improrrogable de tres días hábiles, ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el que dictará su decisión
sustanciando el procedimiento en los términos previstos en la Ley de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que pueda el Tribunal
acogerse al beneficio de hacerlo hasta en el triple de tiempo señalado en la
ley, bajo pena de destitución del o de los ministros jueces que conozcan de la
causa, en cuyo caso actuarán los respectivos conjueces. Si estos últimos
también se hiciesen merecedores de la imposición de la pena de destitución, el
caso pasará a conocimiento de la Sala siguiente y si no existiesen más salas,
la causa pasará a conocimiento y resolución del Tribunal Distrital de la
Contencioso Administrativo con sede en la provincia que en orden alfabético
continúe.

La no interposición de recurso en el término previsto
en el inciso que antecede conllevará la caducidad, para este sólo caso, de la
acción objetiva y subjetiva.

Sin perjuicio de que se ventile el recurso de
apelación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,
continuará el proceso de liquidación con todos sus efectos. Si el fallo del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que conozca de la causa
dejase sin efecto la resolución que contenga la liquidación de la institución
financiera, ésta será entregada por la Superintendencia a los administradores
en funciones al tiempo de resolverse la liquidación. Todos los actos celebrados
por el o los liquidadores en el ejercicio de sus funciones, mantendrán plena
validez, excepto que se comprobase dolo o culpa grave, en cuyo caso se
aplicarán las normas generales.

Cuando la Superintendencia disponga la liquidación
forzosa de una institución financiera, sus administradores cesarán en sus
funciones, con la sola excepción del caso y de los efectos previstos en el
artículo 147 de esta ley.

Al día siguiente de la declaratoria de la liquidación forzosa
de una institución financiera, el Superintendente de Bancos realizará la
convocatoria pertinente para la conformación del Consejo Temporal de
Liquidación de la Institución Financiera de que se trate, el mismo que asumirá
temporalmente las funciones que la Ley asigna a la Junta de Acreedores,
mientras ésta se conforma. Este Consejo está conformado por un delegado del
Presidente de la República, quien lo presidirá, por el Superintendente de
Bancos o su delegado y por el Gerente General del Banco Central del Ecuador o
su delegado. Para la aprobación de las resoluciones del Directorio, se deberá
contar con el voto favorable de al menos dos de sus miembros.

El Consejo nombrará en forma inmediata un nuevo
liquidador temporal o ratificará al designado por la Superintendencia de
Bancos, quien actuará como representante legal de la institución financiera en
liquidación, para todos los efectos legales.

Son funciones prioritarias del Consejo Temporal de
Liquidación, las siguientes:

a) Nombrar al liquidador temporal, dentro de los tres
días contados a partir de la integración del Consejo;

b) Regular la forma y los plazos en que el liquidador
deberá elaborar y certificar el listado de obligaciones, depósitos o pasivos
garantizados y, asegurar que éste sea remitido al organismo competente para el
pago de dicha garantía dentro de los quince días contados a partir de la fecha
de la declaratoria de liquidación forzosa;

c) Establecer los términos de referencia y normas
generales para la contratación de la persona natural o jurídica que actuará
como liquidador definitivo de la institución financiera; y,

d) Vigilar y acelerar, en la medida de lo posible, el
cumplimiento de las normas legales para la conformación de la junta de
acreedores.

Estas funciones deberán cumplirse con excepción del
literal b), dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de
declaratoria de liquidación forzosa, bajo responsabilidad de los miembros del
Consejo Temporal de Liquidación. Este plazo podrá ser prorrogado por treinta
días y por una sola vez, mediante resolución unánime y debidamente fundamentado
del Consejo.

Una vez conformada la Junta de Acreedores, el Consejo
Temporal de Liquidación cesará automáticamente en sus funciones.

Mientras no se perfeccione el nombramiento del liquidador
temporal, el liquidador de que trata el inciso primero de este artículo
ejercerá la administración de la institución financiera en liquidación.

El articulo 150 de la esta ley nos dice que la
liquidación forzosa de una institución financiera privada, en lo que no
estuviese previsto en esta ley, se regirá por las disposiciones sobre
liquidación y disolución contenidas en la Ley de Compañías y en el Código de
Procedimiento Civil, en todo lo que no se oponga a la presente ley. La
Superintendencia, mediante resolución aprobada por la Junta Bancaria, expedirá
las normas de carácter general concernientes a la disolución o liquidación
voluntaria.

En las normas generales para la aplicación de
la ley general de instituciones del sistema financiero titulo xviii.- de la
disolución, del proceso de resolución bancaria y liquidación de instituciones
del sistema financiero (reformado con
resolución no. 1279 de 31 de marzo del 2009) capitulo xiv.- de la conclusión de los procesos de liquidación forzosa (incluido con
resolución no. jb-2009-1427 de 21 de septiembre del 2009) habla también acerca del
proceso de liquidación que se resumiría de este modo:

 

 

  • Cuando el balance
    de una institución del sistema financiero que haya sido sometida a un proceso
    de liquidación forzosa, registre pasivos por valores superiores a los
    activos  el liquidador deberá efectuar el
    registro contable de las provisiones necesarias para las acreencias que
    estuvieren en litigio, así como para todos los activos que no se hubieren provisionado
    anteriormente; y, determinará los bienes que no se haya podido enajenar.

 

  • El liquidador
    deberá informar al Superintendente, como paso inicial para la conclusión del
    proceso liquidatario, sobre la situación financiera y legal de la entidad que
    representa, señalando las causas que determinan la imposibilidad de continuar
    con el proceso de liquidación, luego de establecer el déficit patrimonial de la
    institución financiera en liquidación.

 

  • En base de la
    información presentada por el liquidador, el Superintendente requerirá los
    informes técnico y jurídico de la Dirección Nacional de Entidades en
    Liquidación y de la Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia de
    Bancos y Seguros.

 

  • La recomendación
    para que el Superintendente instruya que la junta de acreedores, o el consejo
    temporal de liquidación, o a falta de éstos, el mismo Superintendente, de conformidad
    con las atribuciones que les otorga el inciso tercero del artículo 155 de la Ley
    General de Instituciones del Sistema Financiero autorice al liquidador para que
    resuelva la transferencia de activos de la institución financiera en
    liquidación, a otra institución del sistema financiero que tenga competencia
    legal para llevar a cabo procedimientos coactivos de cobro.

 

  • La transferencia de
    los activos de una institución financiera en liquidación se hará a título
    oneroso, al valor de los registros contables de la institución financiera que
    las transfiere.

 

  • La resolución de
    conclusión del proceso de liquidación forzosa que dicte el Superintendente incluirá,
    en cada caso, las disposiciones pertinentes para que se cumplan todas y cada
    una de las diligencias necesarias para su perfeccionamiento.

Efectos de la
liquidación

 

El artículo 151.1 nos dice que Resuelta la
liquidación forzosa de una institución del sistema financiera:

 

  • No podrá iniciarse
    procedimientos judiciales ni administrativos, ni decretarse embargos,
    gravámenes, ni dictarse otras medidas precautelatorias sobre sus bienes,
    excepto las hipotecas constituidas por la If a favor de terceros.

 

 

Prelación de
créditos privilegiados  de una
institución financiera en liquidación.

 

a) Las
obligaciones, acreencias o pasivos de la institución financiera garantizados de
conformidad con la ley y los pagos realizados por este concepto por el Estado,
directamente o a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, o por cualquier
institución o agencia establecida para el efecto mediante la ley;

b) Las
costas judiciales que se causen en interés común de los acreedores;

c) Los que
se adeuden a los trabajadores por salarios, sueldos, indemnizaciones, fondos de
reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta por el monto de las
liquidaciones que se practiquen en los términos del Código del Trabajo, y las
obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social derivadas de
las relaciones laborales;

d) Los que
se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones; y,

e) Las
obligaciones por depósitos y captaciones del público, cualquiera sea su
modalidad, siguiendo los criterios que fije la Junta Bancaria a fin de
privilegiar el cobro de los depositantes pertenecientes a los grupos
vulnerables y de la tercera edad; y, de cuantías menores. Luego se atenderán los otros créditos, de
acuerdo al orden y forma determinados en el Código Civil.

Los
accionistas y administradores, las personas naturales y jurídicas vinculadas,
tanto por sus acciones como por cualquier otro tipo de acreencia, cobrarán sus
acreencias exclusivamente al final de la liquidación y en el remanente, si lo
hubiera, siempre que se hubieren satisfecho todas las obligaciones y créditos
originales, cedidos o subrogados, inclusive sus intereses de que trata este
artículo. No será válido ningún acuerdo, acto, contrato, fideicomiso,
privilegio, medida cautelar, ni decisión administrativa o judicial que de
alguna manera modifique o contraríe lo establecido en este inciso. Serán
responsables personalmente, en forma solidaria, las personas jurídicas y sus
representantes legales, así como las personas naturales, incluyendo las
deudoras, los fiduciarios, los jueces, autoridades de control y administrativas
en general, los registradores de la propiedad y mercantiles, que de alguna
manera, contravengan lo expresado en esta norma legal, aun cuando indebidamente
aleguen orden judicial o administrativa anterior. En el proceso de liquidación,
de la respectiva institución financiera, deberá cobrarse por vía coactiva la
responsabilidad solidaria de quienes queden incursos en el ilícito que aquí se
menciona.

Bibliografia:

– Ley de Instituciones del Sistema Financiero

La Póliza de Seguro de vida individual cuales son las principales coberturas, exclusiones, y coberturas adicionales.

 

Póliza
de Seguro Individual

 

Esta cobertura se extiende a amparar al asegurado en caso de muerte por cualquier circunstancia sea que el fallecimiento ocurra por accidente o enfermedades de cualquier naturaleza no excluidas y que no sean enfermedades preexistentes y/o terminales. (Ocupacional o no ocupacional).

 

Beneficiarios:
El asegurado tiene libertad de designar a él o los beneficiarios para el caso de
indemnización.

Principales
Coberturas

  • La vida.-  Excepción: Enfermedades Preexistentes y/o
    terminales.
  • Muerte
    Accidental
    .-  Actúa en
    adición al amparo de vida, convirtiéndose en una doble indemnización  si el fallecimiento ocurriera a causa de un
    accidente probado y no excluido por la póliza.
  • Desmembración
    Accidental
    .-Esta cobertura ofrece indemnizaciones parciales a causa
    de desmembración accidental de acuerdo a la tabla porcentual que se establece
    en la póliza. Ej.: Una mano 50%.
  • Incapacidad
    Total o Permanente
    .- Esta cobertura actúa cuando el asegurado,
    a causa de un accidente o enfermedad  NO
    preexistente quedara incapacitado total y permanentemente, de manera que le
    impida realiza algún trabajo remunerable, la compañía previa comprobación de la
    incapacidad indemniza el capital asegurado en la cobertura de vida en grupo,
    esta cobertura se destina a ayudar al asegurado, en los gastos incurridos  por el tratamiento MEDICO-QUIRURGICO, en la
    persona de el como titular o sus dependientes elegibles si la figura es como
    titular mas familia.

 

Exclusiones

Por muerte natural:

  • Guerra sea declarada o no y/o terrorismo.
  • Cubre suicidio a partir del primer año de
    vigencia.
  • Cáncer preexistente, ni antes del primer año.
  • Enfermedades preexistentes y/o enfermedades
    terminales que sean causa directa del fallecimiento.

Muerte Accidental:

No cubre ninguna pérdida
resultante e o causada directamente o indirectamente, completa o parcial:

  • Intervenciones del asegurado en competencias
    y/o pruebas automovilísticas o moto ciclísticas así como la práctica de
    deportes de alto riesgo y/o profesionales.
  • Los viajes aéreos que se realicen en aviones
    que no sean líneas comerciales debidamente autorizadas para el trafico regular
    de pasajeros, así como provenientes en todos los casos de y/o consecuencia de
    la presión atmosférica (despresurización de la nave) durante el despegue, el
    vuelo o aterrizaje.
  • Guerra, invasión, actos cometidos por
    enemigos extranjeros, hostilidades y operaciones guerreras (sea que hayan sido
    declaradas o no), guerra civil, motín, rebelión, huelga, insurrección, poder
    militar, naval o usurpación y7o terrorismo.
  • Peleas, riñas, salvo en aquellos casos en que
    se establezca legalmente que el asegurado haya actuado en defensa propia.
  • Hechos producidos por acciones o actos
    delictuosos, infracciones a las leyes, ordenanzas,  reglamentos públicos relacionados  con la seguridad de las personas.
  • La lesiones inmediatas o tardías por energíaatómica.
  • Suicidios o tentativa de suicidios
  • Ataques cardiacos, vértigos, convulsiones,
    desmayos, trastornos mentales y los causados estando bajo la influencia de
    drogas y/o alcohol.
  • Tampoco son indemnizables los accidentes o
    consecuencia de estos provenientes de intervenciones  quirúrgicas o de cualquier otra medida
    medica, siempre que no se haya hecho necesario por un accidente sujeto a
    indemnización.
  • Catástrofes y/o desastres naturales.

Incapacidad Total o
Permanente:

  • Intervenciones del asegurado en competencia
    y/o pruebas automovilísticas o moto ciclísticas, así como la práctica de
    deportes de alto riesgo y/o profesionales.
  • Viajes aéreos, salvo viajando como pasajero
    de empresas comerciales y en líneas aéreas legalmente establecidas
  • Tentativa de suicidio consciente o
    inconsciente.
  • Actos de guerra, insurrección, tumultos
    populares y/o terrorismo y peleas, salvo que obre en legítima defensa.
  • Infracción a leyes y/o  reglamentos relativos a la seguridad de las
    personas.
  • Enfermedades preexistentes invalidantes.
  • A consecuencia de afición a las drogas,
    alcohol y acción delictuosa.

Asistencia médica:

Se excluyen de los beneficios de este anexo, los gastos  por
prestaciones y beneficios médicos y complementarios así como los costos y
gastos de tales servicios cuando ellos sean o estén originados por,
relacionados con, ocurridos por o a causa de:

  • Cualquier condición preexistente,
    entendiéndose por tal una enfermedad, lesión o embarazo, por lo cual el titular
    o cualquiera de sus dependientes elegibles hayan tenido signos o síntomas  o no y/o hayan recibido o no atención medica
    y/o tratamiento, que cronológicamente son demostrables de ser preexistentes.
  • Catástrofes, desastres naturales, guerra
    (declarada o no) conmoción civil, las provenientes del servicio militar, energía
    atómica y participación activa en huelgas o motines y acto delictuoso.
  • Tratamientos dentales, extracciones, calzas y
    cuidados dentales en general, así como
    tratamiento por estomatología, maxilo facial, excepto por accidente
    incurrido en la vigencia de la Póliza y que se realice dentro de los 90 días
    ocurrido este.
  • Cirugía para aumento o reducción de busto, estética o platica, a menos que sea por accidente ocurrido durante la vigencia
    d este anexo.
  • Cirugía ortopédica y/o traumatológica para condiciones preexistentes, excepto que sea por accidente incurrido dentro de la vigencia de la póliza y que el tratamiento  se realice dentro de los 90 días de ocurrido este.
  • Cirugía de nariz para fines cosmético excepto por accidente incurrido en la vigencia de esta póliza y que el tratamiento se realice dentro de los 90 días de ocurrido este.
  • Exámenes de diagnostico y gastos médicos no relacionados o inherentes con la incapacidad, así como Gastos hospitalarios y/o ambulatorios por exámenes generales de salud o chequeos médicos.

 

Coberturas
adicionales

Vida y Asistencia medica

  • Cubre las 24 horas del día y los 365 días del año en cualquier parte del mundo.
  •  Cobertura de enfermedades no preexistentes ambulatorias a partir de los 30 días de inicio en la vigencia de la Póliza.
  • Cobertura de enfermedades hospitalarias no preexistentes a partir de los 90 días del ingreso de la póliza.
  • Cobertura inmediata para accidentes.
  • Cubre accidentes de trabajo para los titulares de la póliza.
  • Se cubrirán hasta 4 sesiones de terapia mensuales por persona, bajo diagnostico.
  • Se cubrirán los honorarios médicos por tratamientos alternativos (homeópatas, acupunturistas, reconocidos por la Federación Medica Ecuatoriana) hasta 2 consultas mensuales por persona.
  • Cuarto y alimento sin límite de días.

 

Bibliografía:

Seguro Panamericana.

CESIÓN DEL CONTRATO

 

Concepto.-

Pertenece a la teoría general de este, pero su estudio lo hemos traslado a esta parte, pues está en íntima relación con las modificaciones subjetivas de las
obligaciones y créditos.

Se habla de cesión de contrato cuando uno de los contratantes, con el consentimiento
del otro, traspasa los derechos y obligaciones emanados de un contrato bilateral a un tercero que pasa a ocupar en el contrato la misma situación jurídica del cedente. Por la cesión jurídica del cedente se traspasa la calidad integra del contratante. En la cesión de contrato se implica que el cedente traspasa al cesionario sus derechos y obligaciones tanto el aspecto activo como pasivo.

 

Requisitos:

1)      Debe tratarse de un contrato bilateral.

La razón es que la cesión que haga el acreedor en un contrato unilateral es una cesión de crédito, y si se traspasa la deuda, estaremos ante una novación por cambio de deudor. La posibilidad de ceder el contrato se presenta en los bilaterales, por la razón de que en ellos las partes son recíprocamente deudoras y acreedoras. Entonces en vez de dejar sin efecto el contrato celebrado y proceder a otorgar uno nuevo, con el cesionario como contraparte, se conviene modificarlo mediante la cesión en que una de las partes hace a un tercero de
los derechos y obligaciones derivados del contrato.

Ej.:
Juan promete a Luis venderle un inmueble dentro de tres mese, y Luis promete
comprarle el inmueble en el plazo señalado. En esta promesa de compraventa
ambas partes han contraído una obligación y un derecho correlativo: otorgar el
contrato prometido en la oportunidad señalada, fuera de las obligaciones  anexas al contrato. Juan es acreedor de Luis por esta obligación y a la vez deudor suyo de la obligación de venderle. Si Luis cede el contrato de promesa  con el
consentimiento de Juan  a Xavier, esta pasa a ser titular del derecho y obligación correlativa de Luis de poder exigir y estar obligado a otorgar el contrato de compraventa prometido.

 

2)      Que las prestaciones no se hubieren ejecutado El contrato debe estar pendiente de su ejecución o de ser de ejecución sucesiva y no haberse agotado, porque en caso contrario lo traspasado seria el efecto ya producido del contrato.

3)      El consentimiento de las tres partes

Se necesita el del cedente, porque se desprende de sus derechos; del cesionario
que adquiere estos y las obligaciones correspondientes al contrato de que se
trate; y finalmente del contratante cedido, en función del aspecto pasivo del
contrato, pues si no el cedente se liberaría de sus obligaciones, sin intervención del acreedor de ellas.  Es factible que  el contratante  cedido haya dado su consentimiento con
anterioridad.

 

Diferentes
puntos de vista en cuanto a la cesión de crédito:

Existen varias teorías para explicar la institución, pero fundamentalmente pueden
agruparse en dos tendencias: Para algunos la no existe la cesión de contarte propiamente tal, sino que ella se efectúa pormedio por medio de 2 operaciones: una cesión de créditos en cuanto a los derechos traspasados, y una novación por cambio de deudor, una delegación o asunción de deudas respecto a las obligaciones traspasadas. Entonces cabe destacar que desde el momento que opera esta novación por cambio de deudor, o una doble novación por cambio de acreedor y deudor, ya no puede hablarse de sesión de contrato, sino de uno nuevo, por el efecto extintivo de La novación. Para otros la cesión
de contrato es un negocio jurídico propio que no se descompone en otras operaciones y con efectos que le son particulares.

 

 

Efectos
de la cesión de contrato:

En primer lugar hay que distinguir los que pueden
generarse entre:

  1. El cesionario y el contratante cedido
  2. El cesionario pasa a ocupar la misma situación jurídica del cedente, lo
    reemplaza en el contrato, y en consecuencia, puede exigir el cumplimiento
    de los créditos que a su favor emanen de este y queda obligado a cumplir
    las obligaciones derivadas de él.
  3. El cedente y el contratante cedido
  4. Al respecto, es necesario hacer una distinción, por cuanto al igual que en la
    delegación y en la asunción de deudas, el contratante cedido puede o no
    dar por libre al cedente. En el primer caso, este desaparece del contrato;
    en el segundo quedara como deudor solidario o subsidiario.
  5. El cedente y el cesionario
  6. Estos pueden estipular lo que estimen conveniente al respecto, pero a falta de convención, se discute en doctrina si el cedente responde de la validez del contrato,  y por el cumplimiento del contratante cedido de las obligaciones propias de este.

En nuestra legislación especialmente en el código civil encontramos  por ejemplo en el artículo 1887 la facultad de ceder o subarrendar, el artículo dice:

El arrendatario no tiene la facultad de  ceder el arriendo, ni de subrogar, a menos
que se le haya expresamente concedido; pero en este caso, no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo
.

 

El precepto se pone en dos situaciones diversas:

La cesión del arriendo y el subarriendo. Este último es el arriendo efectuado por
el arrendatario aun tercero del todo o parte de lo arrendado; es un nuevo contrato que no modifica las relaciones del arrendatario a un tercero del todo o parte de lo arrendado; esta es el subarrendamiento.

En cambio la cesión es justamente el traspaso del mismo contrato, quedando
liberado el anterior arrendatario.

Hay casos en que por disposición de la ley, en el contrato cambia alguna de las
partes, pero sin el consentimiento del otro contante. No hay cesión de contrato
sino que traspaso legal del mismo.

Enel artículo 1903 #2 nos dice:

Estarán obligados si respetar el arriendo:

Aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, a titulo oneroso, si el
arrendamiento se ha hecho por escritura pública, exceptuados los acreedores
hipotecarios.

En conclusión podemos decir que la cesión de contrato se lleva en forma muy frecuente, especialmente en relación a las promesas de compraventa, y cabe la pregunta, como debe entonces encararse esto, como una institución propia o debe recurrirse a las figuras de la cesión de cerditos y novación por cambio de deudor. Solo debemos decir entonces que la solución depende de la posición que se adopte, si en virtud de la libertad contractual se reconoce la posibilidad de que las partes convengan en la subsistencia de una obligación con un nuevo deudor, será igualmente el mismo contrato el que subsistirá, con otro
contratante.

Biliografia.

– Codigo Civil.

– De las Oligaciones, Rene Abelliuk, Chile